En días recientes, la irresponsabilidad de funcionarios electos de la ciudad de Formosa emitiendo declaraciones que, lamentablemente, carecen de sustento técnico y desinforman a la comunidad en temas tan sensibles como el cuadro tarifario de la Empresa Distribuidora de Energía de Formosa REFSA. En aras de la verdad y con el propósito de aclarar las dudas que pudieran surgir, abordamos algunos puntos específicos donde las afirmaciones vertidas resultan inconsistentes y carentes de respaldo técnico.
El desconocimiento del cuadro tarifario de REFSA
El cuadro tarifario aplicado por REFSA es de acceso público y está disponible para la consulta de todos los usuarios en www.recursosyenergia.com.ar/tarifas y publicado por el Ente Regulador EROSP, quién aprueba cada cuadro tarifario. Este documento refleja una estructura progresiva que prioriza el beneficio para los sectores de menor consumo mediante un escalonamiento claro: a menor consumo, menor precio por kW consumido. Este diseño no solo es transparente, sino que también está orientado a fomentar el ahorro energético y proteger a los usuarios con menores ingresos. Ignorar esta información pública no solo evidencia falta de preparación e improvisación en el tratamiento de temáticas energéticas, sino también un desprecio por los esfuerzos de transparencia que realiza la empresa y el Ente Regulador EROSP.
Proceso administrativo de aprobación tarifaria
En este sentido cabe mencionar que el cuadro tarifario no es arbitrario, sino que responde a un riguroso proceso regulado por el Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP), encargado de garantizar la legalidad, equidad y sostenibilidad de las tarifas. Además, es fundamental destacar el rol de la Secretaría de Energía de la Nación, que es responsable de determinar los precios estacionales en la República Argentina, mismo precio para todas las provincias, a través de resoluciones nacionales accesibles en https://www.boletinoficial.gob.ar/ para todo ciudadano. Este proceso establece el precio monómico o precio único de la energía que se aplica a todas las distribuidoras del país como por ejemplo la Resolución 07/2024 donde se determinaron aumentos considerables por parte de la Secretaría de Energía de la Nación.Las empresas como REFSA tienen la responsabilidad de distribuir la energía y aplicar los precios definidos en base a las resoluciones nacionales, por lo cual REFSA ni ninguna distribuidora del país es responsable de fijar precios energéticos. Este esquema asegura que las distribuidoras sean responsables del trabajo de llevar la energía a hogares, comercios e industrias, mientras que la fijación de precios responde a políticas nacionales como lo demuestra el informe elaborado por el Observatorio de Tarifas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en colaboración con el CONICET.
Comparativa de tarifas: REFSA posee los valores más bajos del NEA
En la Factura expuesta, perteneciente a la distribuidora de una provincia vecina, donde un Usuario de Ingresos Medios N3 con consumo mensual de 550 kW/h con un valor de $91.664,45, si lo comparamos con una Factura de la empresa REFSA de un Usuario de Ingresos Medios N3 con consumo mensual de 550 kW/h actualmente tiene un valor final de $73.180,00.
Así mismo, omiten mencionar un dato fundamental: REFSA posee las tarifas más bajas en la región del Nordeste Argentino (NEA). Esta información está respaldada por el último informe elaborado por el Observatorio de Tarifas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en colaboración con el CONICET. Este prestigioso estudio comparativo demuestra que los valores aplicados en la provincia de Formosa son considerablemente más accesibles que los de las empresas distribuidoras de energía en otras provincias vecinas y del resto del país.
En el contexto de los recientes ajustes de precios de la energía, resulta llamativo que un representante de la ciudadanía no haya alzado su voz para peticionar ante los responsables nacionales en defensa de los usuarios formoseños. La Resolución 07/2024 de la Secretaría de Energía de la Nación, por ejemplo, generó aumentos desproporcionados en el costo del kilovatio, que según un informe de Politiké oscilaron entre un 259% y un 600%, dependiendo de la región. Esta decisión impactó directamente en los bolsillos de los ciudadanos, pero no se registraron reclamos ni gestiones públicas por parte de quienes ahora señalan sin fundamentos a REFSA.
Asimismo, tampoco se los escuchó manifestarse ante la determinación de la Secretaría de Energía de la Nación de trasladar a aproximadamente 50.000 usuarios formoseños a tarifa plena, una medida que agravó la situación de muchas familias de la provincia.
Otra resolución que pasó desapercibida para muchos fue la Resolución 90/2024, también de la Secretaría de Energía de la Nación, que desde junio de 2024 estableció topes de consumo para los usuarios subsidiados. Estos límites, actualmente vigentes, imponen condiciones estrictas sin contemplar la estacionalidad que implican altas temperaturas en nuestra región y determinan los siguientes topes de subsidio:
- Usuarios de Ingresos Bajos (N2): subsidio hasta 350 kW/h mensuales; el consumo excedente se abona como tarifa plena.
- Usuarios de Ingresos Medios (N3): subsidio hasta 250 kW/h mensuales; el excedente también se abona como tarifa plena.
La falta de pronunciamientos o acciones concretas ante estas decisiones de carácter nacional pone de manifiesto una preocupante ausencia de compromiso en la defensa de los intereses de los ciudadanos. En momentos en los que la situación económica exige esfuerzos coordinados y gestiones responsables, este tipo de inacción resulta, cuanto menos, inquietante.
En un contexto donde el acceso a la información es clave para el desarrollo de políticas públicas responsables, resulta alarmante que representantes electos incurran en afirmaciones que carecen de fundamento técnico y científico. Es imperativo que los funcionarios públicos se informen adecuadamente antes de emitir juicios que solo generan confusión en la ciudadanía.
Desde la empresa, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la transparencia y el derecho de los ciudadanos a acceder a servicios públicos de calidad y tarifas justas para lo cuál trabajamos incansablemente.
